LA DENUNCIA FALSA.

Hemos de tener en cuenta que a la hora de plantear una denuncia en una comisaría o en los juzgados, no podemos o al menos no se debe de plantearse a sabiendas y con conocimiento de que es una DENUNCIA FALSA y que presentamos la denuncia en contra de una persona, a sabiendas de que no ha hecho nada y con el único objetivo de complicarle la vida.

En estos casos, el Código Penal se prevé el tipo de DENUNCIA FALSA en su artículo 456. Mencionado acto es un acto deliberado, en donde una persona imputa a otra persona, actos que en caso de ser ciertos, serían constitutivos de delito, pero procede a realizar este acto con conocimiento de que son falsos, y para ello precisa de la actividad de un funcionario público al que realizar esta comunicación.

Los requisitos para que este acto, a sabiendas de su fraudulencia, ha de tener que para que sea considerado como denuncia falsa, son los que aparecen en el propio artículo 456 del Código Penal

1.- Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

Por ello, como conclusión, advertir de que una denuncia falsa, puede acarrear responsabilidades penales para aquella persona que la interponga a sabiendas de su falsedad. Antes de interponer una denuncia, consulte con abogados profesionales En BORDOY Y VERUMENDI LO HACEMOS FÁCIL. CONSÚLTENOS

ESTIMACIONES RECLAMACIONES DE LAS PLUSVALÍA EN EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

Con respecto al cobro indebido del conocido como impuesto de plusvalía, en los últimos días se están produciendo devoluciones en la vía administrativa.

En el paso previo al contencioso administrativo ; Los tribunales económico administrativos , están estimando las pretensiones de lo administrado, solicitando la devolución de dicho impuesto ya que, en numerosas ocasiones no se producía el hecho imponible: incremento de valor de los terrenos de naturales urbana.

Los argumentos para la admisión de dichas reclamaciones estriban, además de en el fondo del asunto: aplicación de métodos de cálculo basados en artículos nulos y falta de hecho imponible, así como la inconstitucionalidad de la forma de cálculo del impuesto , es importante subrayar que la admisión de estos recursos se han atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de 26 de Octubre de 2021 y es que , la misma indicaba que serían susceptibles de revisión las liquidaciones que a fecha de la publicación de la referida sentencia no hubieran tenido un pronunciamiento que se encontrase firme, es decir , que estuviera pendiente de resolución algún recurso planteado anteriormente a esa fecha.

REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Debido a la situación económica y financiera de los últimos años, las personas físicas y autónomos han sufrido la imposibilidad de poder sobreponerse a circunstancias concretas de endeudamiento. En este contexto surge la Ley de la segunda oportunidad que viene regulada en la Ley 25/2015 de 28 de Julio de mecanismos de segunda oportunidad , reducción de carga financiera y otras medidas de contenido social.

Este mecanismo legal tiene como principal objetivo, ofrecer una alternativa viable a la persona física que, por circunstancias ajenas, no puede encarar o cumplir sus deudas y en la medida de lo posible dar cierto cumplimiento a la misma , excluyendo la responsabilidad universal del deudor. Es decir, efectivamente y como indica su propio nombre , ofrece una nueva oportunidad a la persona física o autónomo para poder emprender una nueva vida económica libre de cargar.

Hay que tener en cuenta que esta ley no es una mea herramienta para librarse de las deudas, sino que va dirigido a deudores que habiendo sido responsables y que tienen un buen historial de “pagadores”, debido a unas circunstancias concretas no pueden pagar sus deudas actuales lo cual les aboca a un estancamiento económico sin posibilidad de progresar.

Así pues la persona física que se acoja a dicha Ley tiene que cumplir unos requisitos mínimos:

– Falta de culpabilidad de la deuda, s decir que esa situación económica no sea consecuencia de imprudencia o dolo.

-Veracidad acerca de su situación de insolvencia

– No haber sido condenado por delitos económicos o fiscales-

-Intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.

– Que no ha existido beneficio e condonación o exoneración de deudas en los últimos 10 años.

– No haber rechazado ofertas de trabajo.

– No superar el importe de la deuda de 5 millones de Euros.

Los requisitos expuestos anteriormente han de ser probados por el deudor queando patente su buena fe y falta de culpa en la situación en la que se encuentra.

En Bordoy y Verumendi Abogados podemos ayudarle a planificar su situación económica con , entre otras , esta Ley, encaminando el procedimiento a un acuerdo extrajudicial y como última instancia a una exoneración de la deuda por el procedimiento establecido para ello.

PLUSVALÍA MUNICIPAL

DEFECTOS DE FORMA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

No son pocas las ocasiones en las que la administración pública inadmite un recurso o reclamación alegando o escudándose en los complejos plazos que ha de ser cumplidos por parte de quien reclama: el administrado, el ciudadano.

Ya sea para reclamar previamente a la vía judicial, para recurrir alguna decisión de la administración, para oponernos a un acto o para solicitar algún tipo de reconocimiento que nos pueda corresponder, aunque en el fondo del asunto nuestras pretensiones pudieran ser estimadas, si no se cumplen con los plazos establecidos en el procedimiento administrativo , se nos podrían cerrar las puertas de cara a iniciar un procedimiento judicial contra la administración.

Sin embargo estos plazos, estos requisitos que han de seguirse ante la administración no siempre son cumplidos por la propia administración. Efectivamente, como ya vimos en otro artículo en el que hablábamos del silencio administrativo, el cual es alegado por la administración para no resolver de manera expresa alguna cuestión, estableciéndose una ficción por la cual la administración da por contestado un recurso o reclamación… sin embargo, como ya vimos ,el propio Tribunal Supremo ha determinado que la administración tiene obligación de contestar, siendo así los plazos establecidos cuando concurre el llamado silencio administrativo , ilimitado para el ciudadano , ya que no se le ha dado contestación expresa.

Al margen de este asunto , el cual abordaremos de manera más profunda en sucesivas entradas, queremos comentar el caso de inobservancia por parte de la administración de el procedimiento establecido. Nos referimos por ejemplo a defecto de forma de comunicación por parte de la administración: Art 40.2 de la Ley 39/2015.

Es decir en este sentido se están constantando inadmisión de recursos , que no siempre se ajustan a Derecho, así por ejemplo frente a esas inadmisiones se está alegando defectos formales como no contemplar de forma expresa si el recurso administrativo que cabe interponer agota o no la vía administrativo. Alegando este hecho en algunos casos los Juzgados están estimando recursos contenciosos los cuales tienen por objeto anular esas resoluciones que inadmiten recursos.

Es decir , cabe exigir a la administración, el cumplimiento de los requisitos formales.

derecho de Familia. Bordoy & Verumendi Abogados

Las medidas paterno-filiales son todas aquellas que tienen como objeto regular las relaciones entre padres e hijos ( no emancipados) y que fundamentalmente versan sobre patria potestad y guardia y custodia de los hijos. Estas medidas pueden ser establecidas de forma consensuada entre los progenitores, en caso de separación o cese de la convivencia, cuando efectivamente al no haber discrepancia pueden pactarse de mutuo acuerdo. La segunda forma de determinarlas será mediante resolución Judicial , en caso de no haber acuerdo.

Independientemente de la manera de establecerse, en cualquier caso y al existir menores de edad , no sólo los acuerdos habrán de ser homologados en sede Judicial sino que además intervendrá en el procedimiento el Ministerio Fiscal, velando en todo caso por el interés o bienestar de los menores.

El contenido fundamental de estas medidas , como hemos dicho , determinarán en primer lugar la patria potestad y guardia y custodia de los hijos pero también regularán el régimen de visitas para el progenitor que no vaya a convivir con los menores. En relación con este punto se determinará a quien se atribuirá el uso y disfrute de la vivienda familiar ( en caso de existir) , lógicamente , suele ser atribuido al progenitor que conviva con el menor.

Es importante también establecer un pensión de alimentos que deberá ser proporcional a los ingresos y gastos de cada uno de los progenitores. En este sentido también se puede solicitar una pensión compensatoria para el caso en el que unos de los progenitores se vaya a dedicar por completo al cuidado del menor.

Es obligatorio , en estos casos la redacción del convenio regulador por parte de un abogado de familia.

BORDOY & VERUMENDI ABOGADOS

No son pocos los profesionales sanitarios que están reclamando a las distintas administraciones el reconocimiento de la carrera profesional. Dicho reconocimiento da derecho a percibir unos conceptos en nómina así como los atrasos no percibidos.

El referido reconocimiento viene avalado por no pocas Sentencias en diversas instancias , sin embargo, las administraciones de las cuales dependen los distintos servicios de salud se niegan a aplicar dicha jurisprudencia desestimando la vía administrativa y obligando a los profesionales sanitarios ( eventuales e interinos) a recurrir a la vía Judicial.

En Bordoy y Verumendo abogados estamos actualmente agotando la vía administrativa para poder acceder a la reclamación judicial.

( Sentencia TSJ Madrid , SERMAS)

En fecha de 27 de Mayo de 2019 , el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid confirma mediante sentencia el derecho de una trabajadora eventual perteneciente al Servicio Madrileño de Salud ( SERMAS) al reconocimiento de carrera profesional , si bien dicho derecho quedaba excluido por la normativa territorial y hubo que obligar a las administraciones a reconocimiento de estos derechos en la vía contenciosa.

El 17 de Noviembre de 2020 el Tribunal Supremo resolvía recurso de casación para la unificación de la doctrina en favor de un trabajador estatutario temporal del SERMAS , reconociendo el acceso a la carrera profesional , equiparándose al personal fijo.

Existen actualmente gran número de sentencias que reconocen y equiparan estos derechos del personal sanitario eventual al del fijo, lo cual se está reproduciéndose en las distintas administraciones autonómicas.

Los distintos sindicatos a la vista del reconocimiento inequívoco de estos derechos , están animando a los profesionales a reclamar el abono por la carrera profesional, mediante estas reclamaciones , se podrían empezar a cobrar mensualmente este concepto y además a percibir los atrasos , aplicando por tanto las mismas condiciones que el personal fijo,

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DESESTIMACIÓN POR SILENCIO

ADMINISTRATIVO

Con fecha de 10 de Abril de 2014 el pleno del Tribunal Constitucional establecía que en los casos en los que la administración desestimaba las pretensiones de un administrado por aplicación del silencio administrativo, no ha de existir un plazo concreto para que el particular pueda interponer demanda ante la jurisdicción contencioso- administrativa.

Dicha sentencia del TC fue el resultado del estudio y evolución de la distinta normativa reguladora del silencio administrativo cuya última reforma introducida en la Ley 4/1999 de 13 de Enero, y que establecía que la desestimación presunta por silencio administrativo tiene como principal efecto permitir al administrado el acceso a tutela judicial efectiva.

Esto es así debido a que en el artículo 24.1 , Ley 39/2015 de 1 de Octubre , se establece que esta desestimación no tiene la consideración de un acto administrativo, sino que es una ficción del mismo, y es que según reza la STC : “ el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción legal que tiene como finalidad que el ciudadano pueda acceder a la vía judicial, superando los efectos de inactividad de la Administración”

Así la referida Ley 4/1999 determina que la impugnación por vía judicial de cualquiera de estas “desestimaciones presuntas” no estarían sometidas a plazo de caducidad alguno.

BORDOY & VERUMENDI ABOGADOS

CONTRATO LABORAL EN LA REFORMA LABORAL

Después de su publicación en el BOE, la nueva reforma laboral ha visto la luz. En este artículo repasamos algunos de los aspectos clave enfocados en el contrato laboral , pilar fundamental de los derechos de los trabajadores.

La nueva ley 32/2021 de 28 de Diciembre, establece, entre otras cosas, una nueva normativa en cuanto a la materia contractual laboral, en gran medida es el contrato el que condiciona la estabilidad de un trabajador en el mercado laboral y es por ello que muchas de las reformas se producen en cuanto a la contratación.

La ley 32/2021 de 28 de Diciembre introduce como forma de contrato prioritario el contrato indefinido, siendo subsidiario, el contrato de duración determinada, el cual, sólo se podrá celebrar bajo algunos supuestos:

Caso de necesidad por sustitución de un trabajadores

Como consecuencia de las circunstancias de la necesidad de la producción: en este caso se marca el límite de 90 días naturales ( no consecutivos)

Pasa a limitarse, de manera más reducida en esta nueva ley, la consecución de contratos de duración determinada para pasar a ser indefinidos; ahora pasará a ser como máximo 18 meses dentro de los últimos 24 meses

Hay que destacar la aparición de un tipo de contrato que si bien, ya existía en el Estatuto de los trabajadores, se solía suplir con la contratación temporal. Nos referimos a contratos celebrados por trabajadores cuya actividad se desarrolla en una franja determinada del año, por ejemplo los temporeros; los llamados fijos – discontinuos.

Desaparecen así a partir del 30 de Marzo los contratos de obra y servicio de duración determinada.

Mención a parte merecen los dos nuevos tipos de contratos formativos que existirán en esta nueva ley:

Contrato de formación dual y contrato para la obtención de práctica laboral.

PRESTAMO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA

Es frecuente, en los últimos tiempos este tipo de préstamos hipotecarios. El funcionamiento de los mismos se basa en el objeto del préstamo: la construcción por parte del prestatarios de la vivienda que suele ser la vivienda habitual.

En principio, el funcionamiento de un préstamo para autopromoción o autoconstrucción no debería plantear muchos problemas: El prestatario solicita una cuantía , el p´restamos es concedido conforme unas condiciones que aparecen en la oferta vinculante y la escritura de préstamo. Una vez concedido , la cantidad queda depositada en una cuenta, según vaya el prestatario acreditando la construcción de la vivienda mediante tasaciones, el banco autoriza la disposición correspondiente para así , acreditar que se está destinando para ese fin, el valor de la garantía real va siendo cubierto conforme efectivamente la construcción de la vivienda va adelantando.

Es aquí, donde surgen problemas, ya que no siempre la tasación es aceptada por la entidad, quien estima que lo construido conforma un porcentaje menor y en consecuencia autoriza una disposición menor.

Hay que destacar en este sentido, que estamos hablando de consumidor, es decir, el destino es construir la propia vivienda , quedando fuera la construcción por parte de promotor para posterior negocio jurídico de compraventa o arrendamientos.

En ocasiones la entidad no efectúa un correcto asesoramiento al cliente acerca del funcionamiento de este tipo de préstamo, pudiéndose dar discrepancias entre la cantidad que el cliente puede disponer del crédito concedido ya concedido. Evidentemente , el perjuicio que esto puede suponerle al cliente es bastante grave; por un lado , ya tiene un crédito concedido cuya finalidad no puede cumplir, esto es; el pago de la obra de construcción de la vivienda. En estos casos podemos estar hablando de un incumplimiento por parte del banco que en ocasiones alega, que debido al importe del préstamo ( normalmente pequeño) la tasación no cubre el porcentaje convenido para disponer de cuantía, esgrimiendo cálculos internos que no cumplen con lo pactado en escritura.

Además, en este sentido , no sólo la referida fórmula o cálculo determinan el cumplimiento , ya que, valorando el perjuicio del cliente en el retraso de la disposición , habrá que determinar si la entidad asesoró convenientemente de si esa opción era la adecuada para la finalidad: autoconstrucción. Podemos estar en todo caso ante una falta de Transparencia por parte de la entidad.